Año 17, Vol. 12, número 22, enero– junio 2022
eISSN: 25942786
Sección: Ciencias Sociales
Recibido: Julio 2021
Aceptado: Marzo 2022
DOI: 10.52191/rdojs.2022.221
Año 17, Vol. 12, número 22, enero– junio 2022
eISSN: 25942786
Recibido: Julio 2021
DOI: 10.52191/rdojs.2022.221
El binomio: Reconstrucción del tejido social y prevención de la violencia a través del desarrollo individual-comunitario
The binomial: Reconstruction of the social tissue and prevention of violence through individual-
Anayely Mandujano Montoya*
RESUMEN
La Prevención de la violencia ocupa una prioridad en las demandas ciudadanas, es por ello, la necesidad de implementar políticas públicas en esta materia, sin embargo, durante mucho tiempo se invirtió la fórmula que permitiera obtener re- sultados eficaces en el combate de los fenómenos de la violencia y la criminalidad, por lo que, ha sido ineludible, re- plantear la fórmula y establecer mecanismos que impulsen y consoliden la reconstrucción del tejido social con una vi- sión holística e integradora para atender todos los factores y elementos para la prevención de los fenómenos de la vio- lencia que deriven en la construcción de la paz a través del desarrollo integral individual y comunitario.
PALABRAS CLAVE: Reconstrucción del tejido social, prevención, desarrollo social, violencia
ABSTRACT
The violence prevention occupies a priority in citizen demands and, as a result, there is the need of implementing public policies in this area. It has long been invested the formula that tried to make possible effective results in the fight against the phenomena of violence and criminality, this is why it has been unavoidable to reconsidering the formula and estab- lish mechanisms that promote and consolidate the reconstruction of social tissue with a holistic and an integral vision that helps attend all factors and elements for prevention of the phenomena of violence which derive from the construc- tion of integral individual and community peace.
KEYWORDS: : Reconstruction of social tissue, prevention, social development, violence
* Doctora en Ciencias Políticas. Profesora investigadora adscrita a la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Contacto: anayely.mandujano@gmail.com
La reconstrucción del tejido social en la Administración Pública es una prioridad en la agenda públi- ca, es decir, realizar acciones profundas a fin de crear y entrelazar las fibras que permiten una cohesión social y el desarrollo que mantenga a las sociedades pacíficas, es por ello que cuando nos referimos a la reconstrucción del tejido social también la concebimos como una construcción para la paz, para lo que es preciso hacer una distinción entre la paz negativa de la paz positiva; la paz negativa la entendemos como la ausencia de violencia —sin que ello represente que existen cambios en las relaciones que generan violencia estructural—, mientras que la paz positiva es aquella en la que las instituciones, los ciudadanos, y demás instancias, generan y promueven es- trategias para mantener a las sociedades pacíficas1.
México se encuentra en el lugar 62 de 162 países en el Índice de Paz Positiva 2019 (IEP, 2019) del Instituto para la Economía y la Paz; como resultado de que en el año 2018 la paz en Mé- xico tuvo un retroceso de 4.9%, lo que se traduce en que el nivel de paz mejoró en 10 estados, sin embargo, en 22 hubo un deterioro, esto debido al aumento del 14% de la tasa de homicidios, auna- do a que la tasa de delitos con armas de fuego se duplicó de 13.5% en 2015 a 28.6% en 2018, de hecho el 69.4% de los homicidios fueron cometidos con un arma de fuego, por lo que, en general la tasa de delitos con violencia se incrementó́ un 25% del año 2015 al año 2018, mientras que la tasa de crímenes de la delincuencia organizada se elevó́ 11.6% en este último año.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2018) del INEGI, señalo que en el año 2017 se cometieron aproximadamente 34 millones de delitos, revelando que hubo 29,750 víctimas por cada 100,000 habitantes en el año 2017 y en casi 36% de todas las familias, al menos una persona de sus miembros fue víctima de algún delito.
Por lo que, esto ha llevado a cambiar la visión que se ha utilizado para atender los fenómenos de la violencia, pues basta analizar el impacto económico, para saber que no prevenir genera un mayor costo, tan solo en el año 2018 se elevó́ el 10%, es decir aproximadamente 5.16 billones de pesos lo que equivale a 24% del PIB del país. (IEP, 2019). En términos per cápita, el impacto eco- nómico de la violencia fue de 41,181 pesos, casi cuatro veces el ingreso por trabajo mensual en un
1 El Instituto para la Economía y la Paz hace esta distinción señalando que la Paz Negativa es la ausencia de violencia o miedo a la violencia mientras que la Paz Positiva son las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen a las sociedades pacíficas. https://www.esglobal.org/indice-paz-global-2017/
hogar2. Por otra parte, México gasta 0.81% de su PIB en seguridad interna y en su sistema de justi- cia (IEP, 2019). Incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estableció que los principales problemas señalados por los ciudadanos ante este organismo en el año 2017 fueron la inseguridad, el crimen y la corrupción, por lo que este Organismo recomendó a México fortalecer la calidad institucional y el Estado de derecho, además de atender el crimen y la impunidad. (OCDE, 2017),
Por otro lado, en México el elemento con el peor desempeño de acuerdo al Instituto para la Economía y la Paz es bajo nivel de corrupción, en comparación con el resto del mundo y con Amé- rica Latina (IEP, 2019) —desde el año 2005 se ha deteriorado 12%¾—En este sentido, de acuer- do a la encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, el 14.6% de los mexicanos refirieron experimentar corrupción por parte de un servidor público en el año 2017, en comparación con 12.6% en 2015. Sin embargo, el 51% de los mexicanos admitió pagar un so- borno a servidores públicos en este mismo año.
Entonces, bajo este contexto ¿por qué son necesarias las política públicas para la “reconstrucción del tejido social”? para entender este vínculo Kraft & Scott (2017) plantean que la política pública es un mecanismo de acción u omisión gubernamental en respuesta a problemas públicos, no obstante, Emilio Graglia (2012) se refiere a las políticas públicas como los proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad, sin embargo, son los mismos Kraft y Scott (2007) quienes refieren que estas políticas públicas reflejan no sólo los valores más importantes de una sociedad, sino también el conflicto entre valores y que, por lo tanto las políticas que implemen- ta cada administración dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión, lo que se ve reflejado en la agenda pública y políti- ca.
De tal forma, que para la reconstrucción del tejido social, la prevención de los fenómenos de la violencia es un elemento clave, sin embargo, suele ser el eslabón mayormente subestimado –en
2 El INEGI en su Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, señala que en México el promedio trimestral de ingreso por trabajo en un hogar es de 33,382 (ENIGH, 2018) https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/
especial en el caso de la prevención terciaria3−, no obstante, de no ser atendida, ésta tiene la capa- cidad de tronar la cadena de la seguridad pública y a su vez, la seguridad pública la de la estabili- dad y gobernabilidad de un Estado, es por ello, que al hablar de la reconstrucción del tejido social debemos analizar diferentes concepciones; en primer lugar el reconocimiento de la prevención de la violencia en los individuos y en la comunidad que permita una cohesión social que fortalezca los vínculos y disipe los factores de riesgo que ahí se presentan, en segundo lugar reconocer la violen- cia como el resultado sistémico de las estructuras que coadyuvan a estigmatizar, dividir y fragmen- tar el tejido social y por último reconocer la importancia del fortalecimiento del desarrollo individual y comunitario como elementos que permiten entrelazar las fibras para la reconstrucción del tejido so- cial, es decir impulsar la prevención de la violencia y el desarrollo en todas sus aristas.
De hecho, se ha tenido avances significativos incluso de forma conceptual, anteriormente la prevención era solo atribuida a una micro instancia perteneciente a la Seguridad Pública, con una connotación de “prevención del delito”, sin embargo, actualmente la concebimos como “prevención social de la violencia”, lo cual representa un paso agigantado hacia la visión estructural de la pre- vención ya no como una micro instancia sino como un eje transversal en la Administración Pública.
De tal forma que, concebir la prevención como social y de las violencias permite una visión de forma integral, atender la génesis de la criminalidad y además visibiliza las distintas formas de vio- lencia, después de todo hay delitos sin violencia y violencias sin delito.
No obstante, es necesario hacer un quiebre epistemológico que permita comprender que la reconstrucción del tejido social no es exclusivo de la Administración Pública, que la prevención de la violencia no es exclusiva de la Seguridad Pública y que el único camino que se tiene para revertir la formula desde un enfoque integral es a través de la participación ciudadana y el involucramiento de todos los sectores de la sociedad para resolver la problemática de los fenómenos de la violencia que tanto aquejan a México.
En este sentido, involucrar a representantes de diferentes intereses y colectivos promueve un
3 Por prevención primaria se entiende las acciones dirigidas a la sociedad de forma general, la prevención secundaria se dirige especialmente a las personas que se encuentren en riesgo de cometer alguna conducta antisocial y la prevención terciaria se refiere a las acciones dirigidas a las personas que ya cometieron una conducta antisocial para procurar la no
reincidencia. (UNODC, 2011) https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/
Handbook_on_the_Crime_Prevention_Guidelines_Spanish.pdf
incremento en el apoyo para obtener mejoras en la comunidad, pues cuanta mayor es la coopera- ción de la comunidad, los niveles de paz tienden a mejorar (IPG, 2017), por lo que, una participa- ción efectiva por parte de la comunidad disuade a las personas que se encuentran en riesgo a cru- zar la línea a la conducta antisocial4, consolidando la confianza entre la comunidad y gobierno.
De tal forma que, es necesario abordar las causas de la violencia, para encontrar las causas profundas, cambiar el paradigma de represión y reacción por una visión de desarrollo individual y de las comunidades, que disipe el individualismo, que fomente el arraigo, la resiliencia comunitaria y que permita mover alguna pieza de este fenómeno multifactorial en el sistema.
Desde luego, prevenir la violencia no es un fin en sí́ mismo, ya que de concentrarnos en la ausen- cia de violencia (paz negativa) sin construir paz (paz positiva) sería un esfuerzo de poco alcance. Por lo que, es imprescindible que México desarrolle y ejecute medidas transversales y permanen- tes para construir y promover la Paz Positiva, es así que la Seguridad no concibe una propuesta real para la prevención de los fenómenos complejos y multifactoriales de la violencia sin el involu- cramiento y fortalecimiento del desarrollo social de los individuos y de las comunidades.
En efecto, por mucho tiempo el abordaje para la seguridad fue a través de estrategias reacti- vas frente a la violencia y de forma punitiva frente al delito, basta ver la disponibilidad presupuesta- ria para abordar los temas de seguridad, no obstante, hoy día se ha comprendido el abordaje de esta problemática desde otro posicionamiento, un posicionamiento más humano y que ha articula- do una estrategia nacional en busca de un verdadero desarrollo que incida en la prevención de las violencias y que de hecho se ha concebido como la construcción de la paz o reconstrucción del teji- do social.
Cuando aludimos a esa necesidad de la reconstrucción del tejido social nos referimos a que aún y cuando tenemos un mundo globalizado, donde las herramientas de la era digital facilitan el día a día y nos acercan a otros, la brecha de la desigualdad sigue siendo abismal en México entre unos y otros, además de esto socialmente nos encontramos cada vez más desvinculados con nuestro entorno y nuestros pares.
4 Entendemos por conducta antisocial aquella que lesiona el bien común o que genera un daño social.
Hablar de desvinculación nos lleva a mirar el cubo desde dos posiciones, una de forma verti- cal en la que encontramos aquella desvinculación entre gobierno y ciudadanía, lo que genera re- sentimiento hacia el sistema por parte de los ciudadanos y otra horizontal en la que hay una desvin- culación entre unos y otros, siendo todos pares, Bauman (2000, p.17) señalaba que la principal téc- nica de poder es ahora la huida, el escurrimiento, la elisión, la capacidad de evitar, el rechazo con- creto de cualquier confinamiento territorial y de sus engorrosos corolarios de construcción y mante- nimiento de un orden, de la responsabilidad por sus consecuencias y de la necesidad de afrontar sus costos, por lo que esta desvinculación nos lleva a que cada vez estamos expuestos a más vio- lencia, menor desarrollo y consecuentemente mayor desigualdad.
En efecto, al hablar de reconstrucción del tejido social conlleva a esta imperiosa necesidad de conectar entre las fibras más sensibles de los individuos entre los individuos y de los individuos con la comunidad a fin de disipar el individualismo, fomentar el arraigo comunitario, la resiliencia comu- nitaria y lograr un verdadero desarrollo social.
Es por ello que hoy por hoy, las estrategias enfocadas a la llamada “reconstrucción del tejido social” es la articulación de distintas teorías criminológicas y sociológicas puestas en práctica a fin de mover de una u otra forma cualquier pieza de esta problemática que por mucho resulta comple- ja, que no va acompañada de soluciones únicas y más bien necesita de un abordaje integral, un enfoque multidisciplinario y un pensamiento sistémico.
En lo que refiere al desarrollo social esto incluye el atender todos aquellos factores de riesgo tanto sociales como individuales que se encuentren presentes en la población, tales como el abor- daje del embarazo adolescente, las adicciones, falta de oportunidades, acceso a los servicios gu- bernamentales, entre otros; además de fortalecer todos aquellos factores de protección que resul- ten crimino-repelentes5 para la conducta antisocial. Por lo que, la tendencia es que, las áreas de bienestar social o desarrollo social de cualquier nivel de gobierno busquen implementar estrategias o líneas de acción que de una u otra forma impacten en la prevención social de las violencias.
5 Los criminólogos llamamos factores crimino-repelentes a aquellos que inhiben, disipan o eliminan el acercamiento ha- cia una conducta que lesione el bien común
violencia
Buscar una correlación entre la desigualdad y la violencia nos dirige a ver desde una óptica distinta como las estructuras sociales permean e influyen en el comportamiento de la sociedad, por ejem- plo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde el año 1990 establece un Índice de Desarrollo Humano (IDH) aunque para México ha sido hasta el año 2002, este índice es importante para evaluar el bienestar del país. El IDH es un indicador que evalúa el nivel de la educación de las personas, el ingreso necesario para una vida digna y la salud.
Por otro lado, en México el IDH promedio de los municipios se incrementó, de 2010 a 2015 a una tasa de 2.9% acumulada en estos cinco años de acuerdo al estudio presentado en el Informe de Desarrollo Municipal 2010-2015, sin embargo resulta importante resaltar que la desigualdad en México, es amplia pues aún y cuando se establecen 51 municipios en el país con los números más altos del IDH y que siguen mejorando, hay 24 con los números más bajos, y que además siguen disminuyendo, en lugar de decrecentar la distancia con los primeros (PNUD, 2019), es decir disminuir esa desigualdad.
En relación a la distribución equitativa de los recursos en México se evidenció un mayor des- censo, al bajar 12.3% de 2005 a 2017 (IPP,2019). De hecho, la última medición de CONEVAL nos indica que en México cerca del 49.6% de las personas en pobreza en el país son menores de 18 años, lo que se traduce en la necesidad de generar oportunidades de desarrollo tanto para las ni- ñas, niños y adolescentes.
No es de extrañarnos que la desigualdad y la pobreza han sido considerados en muchas oca- siones la causa de la violencia, sin embargo es preciso mencionar que la pobreza no es lo mismo que la desigualdad y que de acuerdo a CONEVAL en la última medición de pobreza 2018 a nivel nacional, en México el porcentaje de pobreza multidimensional fue de 41.9%, mientras que el de pobreza extrema es de 7.4%, representando el Estado de Nuevo León el primer lugar con menor pobreza en el país con 14.5% disminuyendo también el porcentaje de pobreza extrema de 0.6% a 0.5%, si la relación pobreza-violencia fuera absoluta el Estado de Nuevo León sería el estado me- nos violento del país, sin embargo a nivel nacional ocupa el lugar décimo noveno por delitos come- tidos por cada 100,000 habitantes (SESNSP, 2020) debido a que, como lo mencionamos previa- mente la violencia es multifactorial, por lo que aseverar que la pobreza es un valor determinante
para la violencia es completamente refutable.
Resulta interesante, evocar a Robert Merton en este punto pues quien como sociólogo, seña- laba que en la estructura social cada persona juega un rol específico, y que incluso cada persona ocupa varias posiciones dentro del mismo entorno, por lo que, en cada estructura social existen di- ferentes niveles de poder, de compatibilidad y de mecanismos socialmente establecidos para evitar el conflicto, aún y cuando la posibilidad de tensiones y conflicto en el desempeño de cada rol está presente siempre en la sociedad, no obstante, las sociedades poseen medios de control social, con diferentes grados de efectividad para contrarrestar las tensiones y los elementos disfuncionales (Orozco & Chavaro, 2010).
Adicionalmente, desde esta visión Mertoniana la conducta antisocial se relaciona al hecho de que ciertos individuos o grupos no se adapten a las normas de comportamiento socialmente esta- blecidas, es entonces que el determinaba que “la desviación social” es producto de la misma socie- dad y las estructuras que ellos mismos construyen.
En este mismo orden de ideas, Merton sostiene que la “desviación social” lo que hoy día de- nominamos conducta antisocial, se encuentra vinculada al fenómeno de la estratificación social y que la desviación social es el producto de la distancia que existe entre los fines culturales acepta- dos como válidos y los medios institucionales para lograrlos (García, 1979), resultando evidente que no todas las personas alcanzarán esas metas (sobre todo aquellas más vulnerables) por lo que es entonces la misma sociedad la que excluye a otros y que no conseguir ese “éxito social” produ- ce frustración, tensión y conflicto, los cuales representan factores de riesgo para el paso a la con- ducta antisocial; por lo que estas personas buscan modificar esas metas culturales y sustituirlas por otras nuevas, normalmente por aquellas que se encuentren a su alcance, debido a que hay pocas ofertas institucionales y muchas ofertas antípodas que “llevan” a la meta sin que sean legítimas.
De tal forma que, esta desigualdad económica, educativa, de salud, etc. deriva en que cierta población no tenga acceso a ejercer sus derechos, sometiéndolos entonces a una violen- cia estructural que favorece la aparición de factores de riesgo para que una persona se vincule con una conducta antisocial, no es casualidad que para Enero de 2020 el 37% de la incidencia delictiva corresponda a delitos de tipo patrimonial (SESNSP, 2020), sin embargo, es importante señalar que esto no es un factor determinante.
Es así que, hablar de desigualdad nos lleva a hablar de la exclusión, como nos menciona
Howard Becker (2009) en su labelling approach o teoría del etiquetamiento, muchas de las ocasio- nes es la misma sociedad la que estigmatiza de tal manera que la persona termina aceptando y adoptando un nuevo rol de acuerdo a la etiqueta que se le asigna, que lo obliga a iniciar procesos de socialización en grupos vinculados a comportamientos parasociales o antisociales, por lo que es necesario continuar con la lucha cultural para no criminalizar la pobreza, desestructurar con- cepciones y paradigmas que aluden a que la criminalidad es inherente a la pobreza y que el “éxito” es un proceso que se crea con el mismo sistema en el que el valor de las personas se asocia con lo que se posee, siendo este conjunto de asociaciones las que introyectadas en nuestra sociedad generan frustración en aquellos a los que se les considera “excluidos”, como decía Bauman el peso de la construcción de pautas y responsabilidad del fracaso caen primordial- mente sobre los hombros del individuo (2000, p.13).
Por tanto, es necesario que el paradigma asistencialista quede atrás ya que solo fomenta la dependencia ciudadana hacia las instancias gubernamentales y desestructura y fragmenta aún más el tejido social, por lo que se debe transformar en un empoderamiento individual y comunitario para desarrollar sus propias estrategias de reconstrucción, rompiendo con el esquema obsoleto del Estado que a través del dominio y control no hacia otra cosa que generar exclusión, desigualdad y mayor violencia.
De tal forma que, las violencias deben prevenirse y atenderse de forma estructural e inte- gral, con una visión de desarrollo del propio individuo y de la comunidad a la que pertenece, donde la comunidad sea corresponsable en la construcción comunitaria a través de mecanis- mos para recuperar la confianza, el cuidado de manera permanente y las autoridades asuman la gestión comunitaria como el medio para atender las demandas de ciudadanas, lo que permiti- rá fortalecer la identidad y el vínculo de la misma comunidad y que continué generando este ci- clo virtuoso .
La reconstrucción del tejido social en esta era que tanto lo amerita, hace no solo necesaria sino urgente la intervención desde diferentes frentes para lograr por una parte, el desarrollo indivi- dual y por otra, la intervención de los individuos en el desarrollo de su comunidad a través de un hilo de unión como lo es la cohesión social.
Desde una concepción criminológica existen teorías denominadas de control que señalan que las conductas antisociales se generan cuando el vínculo entre el individuo y la sociedad se rompe o debilita (Hirschi,1969)
En este sentido, Durkheim aseveraba que mientras más delgadas sean las líneas de unión de los grupos con los individuos a los que pertenece, menos nivel de dependencia sentirá con su mis- mo grupo, por lo que la persona no reconocerá otras normas de comportamiento que no sean aquellas acordes a su propio sistema de valores (1951, p. 209).
No obstante, esta construcción debe ir acompañada de estrategias que permeen desde todas las aristas a fin de lograr un impacto real, desde lo individual, lo comunitario, la vincula- ción entre estos, el entorno físico y social y la aceptación de nuevos modelos culturales.
Es así que, generalmente hay una desconexión entre los individuos y su comunidad cuan- do hay una necesidad no atendida y que además se vulnera y violenta una y otra vez, lo cual incrementa los factores de riesgo tales como la frustración y el resentimiento hacia su entorno y el mismo sistema. La importancia de esta conexión la encontramos en el razonamiento de Hirschi (2003)quien refiere que la internalización de las normas, la conciencia, el superyó, radica en la vin- culación del individuo con los demás y su entorno, esto es porque hay un “control interno” que ac- túa como un factor crimino-repelente, es decir que los aleja de la conducta antisocial como conse- cuencia de ese vínculo y que elementos como el apego, las creencias, la participación y el compro- miso son parte importante de este proceso.
Para comprender el elemento del apego evocamos a Durkheim (1961) quien nos señala que somos seres morales en la misma medida en que seamos seres sociales, es decir que en la medi- da en la que podamos sentir ese acercamiento con nuestro entorno, eso mismo será un freno que influya de forma positiva en nuestras conductas, sin embargo, también aplica en sentido contrario. Por su parte las creencias ocupan un lugar importante pues estas son el conjunto de ideas con sig- nificado o sentido y estas nos llevan o no, a realizar ciertas conductas. Por otro lado, la participa- ción o involucramiento se refiere a que mientras más ocupado se encuentre el individuo menos tiempo encontrará para transgredir la norma, de ahí la preocupación de implementar políticas públi- cas dirigidas a las niñas, niños y jóvenes principalmente aquellos que no estudian o no trabajan; y por último, el compromiso a los acuerdos que establecemos en nuestro entorno, por ejemplo para obtener lo que tenemos y queremos es necesario tener un compromiso con la gente con la que
interactuamos (jefe, compañeros, pareja, familia, amigos) y este compromiso social disuade el paso al acto de la conducta antisocial.
Sin embargo, estar libre de vínculos no es determinante para pasar al acto, Sutherland (2011) asevera que se debe pasar por un proceso de aprendizaje; aún y cuando hemos señalado la in- fluencia de elementos como la desigualdad, los vínculos y el entorno en el paso al acto de la con- ducta parasocial, además que el considerar estas teorías —que hemos mencionado en párrafos previos — como absolutas, nos llevaría a un posicionamiento sesgado, dejando fuera de nuestro campo de visión por ejemplo, los delitos de cuello blanco7 que muchas veces tienen un costo fi- nanciero mayor que el de la incidencia en delitos menores cometidos por una comunidad.
Así mismo, refiere que la criminalidad es aprendida, en directa o indirecta asociación con aquellos que ya practican el comportamiento; y que estos están distantes de contactos con el com- portamiento social esperado y legítimo, a esta relación la llamo asociación diferencial.
Pero ¿Cuándo esta asociación diferencial termina en una conducta antisocial? Es el mismo autor quien asume que la desorganización social es parte de este proceso que lleva a la criminali- dad pues si una comunidad no se encuentra realmente organizada, no mostrará rechazo hacia es- tos comportamientos y muchos de los casos incluso serán socialmente justificados y aceptados. Aunado a que además se adaptan al código subcultural de normas y valores de una cultura antiso- cial presente, la cual es identificada como el único medio natural para llegar “a la meta”.
De acuerdo con Hobbes (1980) los hombres violan las leyes por presunción de falsos princi- pios, por falsos Maestros y por deducciones erróneas, mientras que de todas las pasiones, la que menos inclina a los hombres a quebrantar las leyes es el miedo y sin embargo puede ser esta tam- bién la causa principal.
Lederach (1986) por su parte, nos recuerda que la confianza es el primer punto de la es- trategia para resolver conflictos, y que la base del conflicto es la necesidad, por lo que habrá́ que instalar los mecanismos para satisfacerla, en el caso de que queramos solucionar el con- flicto, una vez que se atiende esta necesidad, se revertirá esa desconexión. De tal forma que, se deben visibilizar y atender los conflictos sociales como circunstancias que generan procesos de
7 Llamamos delitos de cuello blanco a aquellos que surgen en una esfera social de poder principalmente por la obtención de un enriquecimiento ilícito
cambio constructivos y atenderlos desde una visión de desarrollo social que impulse oportunidades de transformación en la vida de los individuos y las comunidades.
En este mismo orden de ideas, Lederach (2009) ha expuesto sobre los retos de contextos con conflictos prolongados de altos niveles de violencia como lo es la reducción de la confianza, poco espacio para el diálogo constructivo, reacciones basadas en la autojustificación y el miedo, la vio- lencia histórica estructural de exclusión, inequidad y desigualdad, además de que los traumas su- peran los eventos sin atenderse y entonces continúan hacia traumas generacionales, provocando conflictos que se van heredando incluso por generaciones enteras.
Por otro lado, este deterioro de las relaciones interpersonales genera un círculo vicioso que nos desvincula con nuestro entorno y que se necesita subsanar para lograr una identidad comunitaria, que a su vez genera apego, resiliencia comunitaria ante las adversidades y conse- cuentemente cohesión social.
Una vez que se consolide la cohesión social, debemos enfocarnos en el entorno, en las circunstancias que hacen potencialmente probable la aparición de una conducta antisocial; es la prevención situacional la que asume que las personas que cometen una conducta antisocial lo hacen a través de una visión costo-beneficio ¾por ejemplo el riesgo¾, por lo que, las estrate- gias deberán dirigirse para disipar u obstaculizar las condiciones físicas que propicien el come- ter una conducta antisocial para que el beneficio sea menor, es decir, que se disuadan aquellos escenarios que puedan resultar potencialmente proclives para la criminalidad.
Por otro lado, es ineludible una participación ciudadana que de forma comunitaria busque prevenir y atender cualquier tipo de violencia, privilegiando la participación ciudadana activa co- mo lo son los vecinos vigilantes, los Comités y Consejos ciudadanos, con una visión integral de hacer prevención, a través de diferentes instancias gubernamentales, educativas y de la socie- dad civil, con un sentido de corresponsabilidad como mecanismo de gobernanza.
Aunque, tal como lo señala Villa (2016) la reconstrucción del tejido social es imperuosa para la recuperación de la vida social, política y económica, y frente a esta forma de reconstruir surge la contraparte no prevista, la resistencia social ante el descontento por asumir una corresponsabilidad en cuanto a la transformación social se refiere, consecuencia del individualismo que divide a las co- munidades, por lo que, parte de la construcción y reconstrucción, el restablecimiento de la confian- za, el apoyo mutuo, la solidaridad, que hagan posible la resiliencia comunitaria y la cohesión social,
el empoderamiento ciudadano como sujetos de derecho y como actores sociales responsables de desarrollar sus propias estrategias de reconstrucción social.
En este orden de ideas, cuando aludimos a la necesidad de atender desde diferentes fren- tes para la reconstrucción del tejido social, es necesario preguntarnos qué pasa con quienes ya han demostrado haber desconectado con su entorno en algún punto, que en algún momento cruzaron la línea al paso al acto de la conducta antisocial, por lo que, en este sentido abordare- mos el frente de la reinserción social.
Comprender la importancia que tienen los Centros de Reinserción Social y establecer la rein- serción social como una política pública es prioritario para el fortalecimiento de la Seguridad Públi- ca y para la atención de los fenómenos de la violencia; ya que, la percepción general es que los centros penitenciarios representan una fuerte carga económica para el Estado y la sociedad, sin que sean claros los beneficios, sin embargo, ello repercute directamente en la reconstrucción del tejido social. No obstante, es necesario reconocer que el Estado de Nuevo León, en los últimos años ha demostrado voluntad política para atender el tema.
Aunado a lo anterior, ha sido importante pasar de una política del “derecho del enemigo”
−donde se visualiza la pena privativa de la libertad como única opción y como un simple castigo− a una política donde se privilegie la pena privativa de la libertad, de tal modo que se dé margen de acción en los Centros de Reinserción Social con la posibilidad de llevar a cabo procesos de reinser- ción social eficaces.
Es así que, visibilizar el tema penitenciario siempre ha sido un gran reto que ha requerido de una conciencia colectiva y social para comprender las carencias y problemáticas en efecto dominó que se generan al margen de la vida de las personas privadas de la libertad, poco pensamos en las hijas, hijos o familiares que el sistema vulnera como resultado de las conductas de sus consanguí- neos.
Resulta frecuente que pensamientos de ira, resentimiento o venganza se viertan por parte de la colectividad hacia este sector de la población, no obstante, la reconstrucción del tejido social co- mienza desde la intervención en la desestructuración de esas familias que han quedado propensas a vincularse en un rol de carencias, etiquetas y falta de oportunidades, afortunadamente se han creado programas desde instancias gubernamentales y de la sociedad civil para atender desde lo
social a las familias de las personas privadas de la libertad.
De tal forma que, en el Estado de Nuevo León se han dado pasos agigantados en materia pe- nitenciaria, siendo reciente la adecuación de un Centro Femenil de Reinserción Social con perspec- tiva de género −considerando que los Centros de Reinserción Social desde el origen de los tiempos fueron creados para los varones− no obstante, Nuevo León ya cuenta con un Centro Femenil con una visión que busca garantizar sus derechos como personas privadas de la libertad, como muje- res y en muchos casos como madres.
Por otro lado, el cierre del Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico fue un evi- dente avance en materia penitenciaria, ya que a ojos de todos, quedaba de manifiesto la falta de funcionalidad y las limitantes para lograr el objetivo central de dichas instituciones, la reinserción social y que ante ese vacío de poder potenciaba diversas formas de violencias internas y externas, impactando en la gobernabilidad de los Centros de Reinserción Social.
Aunado a esto, es necesario que el Estado continúe aplicando las Políticas públicas necesa- rias para lograr la reinserción social efectiva de las personas privadas de la libertad y procurar que no reincidan, por tal motivo, es preciso e inminente principalmente un cambio de paradigma del Sis- tema penitenciario, el involucramiento de una sociedad participativa y activa, exigiendo por convic- ción un mejor sistema penitenciario que consolide sus procesos de reinserción social.
Por último, para lograr la paz positiva rescatamos algunos elementos del IEP (2019) por lo que, se requiere acciones y estrategias gubernamentales que generen confianza, pues esta permi- te e impulsa la participación, lo que denota estabilidad política y mantiene el Estado de derecho; una distribución equitativa de los recursos, que disminuya la brecha de la desigualdad y la exclu- sión; un entorno empresarial sólido, que permita la competitividad y la productividad; un alto nivel de capital humano, tener un alto nivel de capital humano promueve el desarrollo; aceptación de los derechos de los demás, a través de un alto nivel de tolerancia entre la diversidad cultural y la no discriminación; bajos niveles de corrupción, pues esta representa impunidad, las instituciones pier- den credibilidad y legitimidad y se fragmenta aún más el tejido social, buenas relaciones con los ve- cinos, que genere cohesión social y resiliencia comunitaria.
Es necesario comprender que no hay teorías absolutas, sino que, más bien es necesario buscar la integralidad de las teorías que expliquen los distintos factores que llevan a la conducta antisocial en el entendimiento de que los fenómenos de la violencia son multifactoriales, de diferente naturaleza entre sí y ninguno determinante por sí mismo. Si bien todos pueden influir ninguno es determinante por sí mismo.
Así mismo, es necesario una visión integral, con acciones permanentes y simultáneas de tal forma que permeen en toda la sociedad, focalizar las acciones en el desarrollo social desde todas las estructuras, tales como escuela, familia, comunidad, trabajo, gobierno e incluso iglesias y desde edades tempranas, por ejemplo, el trabajo en las escuelas con alumnos y maestros, con y desde la familia, desarrollando procesos adecuados de socialización y con una visión siempre tendiente al desarrollo, comprendiendo la importancia fundamental del desarrollo social como eje clave para la prevención de los fenómenos de la violencia y consecuentemente de la Re- construcción del Tejido Social.
Desde los gobiernos se deben diseñar proyectos de acuerdo a diagnósticos para detectar las necesidades comunitarias acompañadas de un presupuesto permanente que de forma transversal en las diversas instancias de la Administración Pública atienda los diferentes fenó- menos de violencia que nos permita una construcción de la paz y/o la reconstrucción del tejido social, focalizando los programas sociales para lograr un mayor impacto social.
Así mismo, la participación ciudadana permite el involucramiento de todos los actores so- ciales para dar solución a problemáticas complejas que nos incluyen a todos, como una línea base para generar mecanismos de gobernanza que lleven inherentes la corresponsabilidad so- cial y que contribuyen a la reconstrucción del tejido social.
Mantener la escucha activa y resolver las necesidades generadoras del conflicto social en las comunidades, a través de herramientas como grupos de enfoque, círculos comunitarios, conversa- torios, marchas exploratorias, entre otras.
Un gran reto es el generar conciencia social que permita que toda la sociedad asuma que pa- ra una construcción de la paz y la reconstrucción del tejido social es necesario sanar incluso las he- ridas del mismo sistema. Es entonces que, la Paz Positiva es posible cuando las actitudes de todos
son menos tolerantes a la violencia, las instituciones responden más a las necesidades de la socie- dad y las estructuras promueven el desarrollo de las personas de forma natural.
Por consiguiente, debemos partir de una reconstrucción del tejido social holística, desde la atención de los factores de riesgo de todos aquellos que no han pasado al acto, así como los fac- tores causales (predisponentes, preparantes y desencadenantes) de quienes ya cometieron una conducta antisocial; fomentar los lazos y vínculos de los individuos con su comunidad, así como una conciencia social no estigmatizante que lleve a disipar el adoptar la etiqueta antisocial como propia y que genere un comportamiento negativo.
En relación al entorno es importante generar e impulsar nuevas oportunidades y canales para acceder a un desarrollo individual y comunitario en vías de disminuir la brecha de desigualdad, po- breza y exclusión −que a su vez generan un desinterés en acatar las normas, disminuye la empatía social, la solidaridad y generan sus propias alternativas para llegar a “la meta” aún y cuando no sean legítimas−, además de la disuasión de las circunstancias que hagan proclive una conducta antisocial a través de la recuperación de espacios públicos e infraestructura con un diseño ambien- tal de prevención9; promover comunidades más organizadas tanto para gestionar sus demandas como para rechazar cualquier acto antisocial en su comunidad, e involucrar a la sociedad civil, los ciudadanos, la academia, pues es, la participación ciudadana la vía que permitirá que los modelos, proyectos y programas implementados sean sostenibles a pesar de los tiempos en la Administra- ción Pública.
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9 Revisar metodologías llevadas a cabo en espacios físicos para disminuir las oportunidades que potencien la comisión de
una conducta antisocial.
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